Según Naciones Unidas, aproximadamente 1.8 millones de personas en todo el mundo viven en condiciones extremadamente inadecuadas.
El déficit en vivienda digna viene siendo ya un problema histórico alrededor del mundo, pero la pandemia presiona porque se supere o, al menos, se reduzca. Naciones Unidas señala desde 2019 que la crisis global de vivienda tiene sus raíces en el no reconocimiento como un derecho humano.
La relatora especial de Naciones Unidas sobre derecho a una vivienda adecuada, Leilani Farha, dijo en ese momento que no se puede liderar en el campo de los derechos humanos mientras se deja a un alto número de ciudadanos sin acceso a soluciones concretas de vivienda digna.
Con la pandemia, desde marzo del 2020, parece ser que el escenario no ha cambiado mucho, pues la misma relatora señaló hace poco más de un año que los gobiernos de todo el mundo dependen de que las personas se queden en sus hogares para evitar la propagación del nuevo coronavirus, pero deben también tomar medidas urgentes para evitar que cualquier persona se quede sin hogar y garantizar el acceso a una vivienda adecuada para quienes no la tienen.
Según Naciones Unidas, aproximadamente 1.8 millones de personas en todo el mundo viven en la indigencia y en viviendas extremadamente inadecuadas, a menudo en condiciones de hacinamiento, sin acceso al agua y al saneamiento, lo que los hace particularmente vulnerables a contraer el virus, un riesgo que se acentúa, ya que sufren también de múltiples problemas de salud.
En ese sentido, en opinión de la relatora Farha, la vivienda digna debe convertirse en la defensa de primera línea contra el coronavirus.
Por otra parte, en España, por ejemplo, se está discutiendo la aprobación de la Ley por el Derecho a la Vivienda, para lo cual diferentes asociaciones de la sociedad civil se han pronunciado porque sea una normativa que proteja a las comunidades por encima de otros intereses particulares.
En cifras de algunas organizaciones españolas, alrededor de 12 millones de personas están en riesgo de exclusión social y se ha producido más de un millón de desalojos entre 2008 y el tercer trimestre de 2020.
Como quiera que se vea, con una ley especial o por medio de políticas sociales, los gobiernos del mundo enfrentan el enorme reto de cerrar el déficit histórico de carencia de una vivienda digna y que se agrava aún más con la amenaza del COVID-19.